miércoles, 13 de septiembre de 2023
lunes, 21 de agosto de 2023
viernes, 28 de abril de 2023
CRONOLOGÍA DE LA RESTITUCIÓN DE HUANCAVELICA COMO DEPARTAMENTO
En el Año 1824, día 20 de octubre, arribó a Huancavelica el libertador Simón Bolívar quien es recibido por los huancavelicanos con un cierrapuertas, por lo que el líder de las fuerzas patriotas abandonó la Villa Rica de Oropesa y retornó a Lima.
El 9 de diciembre de 1824 las fuerzas independentistas se enfrentaron a los realistas en la Pampa de Quinua en la batalla de Ayacucho. La noticia de la derrota de las fuerzas del virrey en las Pampas de la Quinua se esparcieron rápidamente.
El día 12 de diciembre de 1824, los naturales de Huando mataron al comandante Medina, edecán de Bolívar, quien en compañía del capitán Alarcón, había salido de Quinua por orden de Sucre, para llevar la comunicación acerca del triunfo de las ejército patriota en la batalla de Ayacucho. Conocida la muerte del edecán una columna de más de 200 hombres ocuparon Huancavelica al mando del comandante Garzón.
El 24 de enero de 1825 por Decreto Supremo del libertador Simón Bolívar suprime el departamento de Huancavelica y lo anexa a Ayacucho.
El 28 de abril de 1839
Luego de más de 14 años, en virtud al incansable movimiento separatista, que desde el primer momento había asumido todo el pueblo huancavelicano contra la absurda anexión a Ayacucho, se logró el restablecimiento de Huancavelica como departamento.
DETRAS DE CADA FOTOGRAFÍA SE ESCONDE UN MUNDO HISTORICO POR DESCUBRIR UN DATO DE HUANDO en esta nota.
Foto;
Parado segundo sobre la izquierda, Domingo Silos Cabrera, (vencedor de las batallas de Pucará y Marcavalle) en ubicación siete Pedro Carrasco y ubicación ocho, José Solís Rosas. Penúltimo parado ( con sarita blanca) el comandante Daniel B. López Gálvez, sobreviviente de la batalla San Juan de Miraflores.
Sentado a la izquierda, Mariano Visitación Mendoza, sigue David Sobrevilla Pacheco. El Prefecto a la derecha de la silla, Aurelio F. Baca; penúltimo sentado Padre Emilio Ramírez y Mariano Patiño Paúl.
Sentados en el suelo: Carlos López y Manuel Rey Sánchez.
No se reconoce al personaje, pero están en el grupo: Carlos Landerer, J. Braulio Pozo, el médico Paricio Gonzáles, Andrés Morales y Florentino Alarcón.
A raíz de la fotografía grupal de 1917 salen otros datos históricos que publico para mayor información.
Nuestro amigo Luis Supno preguntó: Disculpen iquichanos QUIENES SON?
Respuesta de Enrique Silvestre García C. Vega:
Don Domingo Silos Cabrera, también nació en Huanta en 1845. Su padre Don Felipe Santiago de Cabrera, fue nombrado Subprefecto y Comandante Militar de Angaráes en 1844 por Ramón Castilla. El nombramiento y problemas económicos ocasionados por las continuas rebeliones de los iquichanos, llevan a esa rama de la familia a Huancavelica.
Los iquichanos eran los habitantes del pueblo de Iquicha en las alturas de la provincia de Huanta-Ayacucho. Hacia 1825 se rebelaron contra el gobierno republicano. Acaudillados por Antonio Huachaca y algunos españoles capitulados en la batalla de Ayacucho. Tomaron Huanta y persiguieron a las familias que aceptaron la capitulación y el nuevo sistema independiente. La rebelión de los iquichanos se tornó una reacción monarquista que duro hasta 1828 fecha en que fueron derrotados en la batalla de Uchuraccay. Como nota curiosa incendiaron la casa de mi familia, por ser mi quinto abuelo paterno Don Manuel Segundo de Cabrera gobernador de esa provincia.
Apuntes adicionales del libro Historia de Huancavelica: Autor Federico Salas Guevara
Hecho precursor de esta rebelión que llevó el nombre “Restauración del Reino”, se dio en Huando, Huancavelica, cuando el 12 de Diciembre de 1824, inmediatamente después de la batalla de Ayacucho, los comuneros dieron muerte al teniente coronel Medina, quien acompañado por el capitán Alarcon, llevaba a Lima, por órdenes de Sucre, la noticia y los partes de la victoria contra los realistas. Los iquichanos más tarde, pertenecientes al pueblo San José de Iquicha, iniciaron en Huanta bajo el mando de Antonio Navala Huachaca esta rebelión para según ellos liberar a Ayacucho y Huancavelica de los avances republicanos.
Muchos comuneros de la sierra central y sur del país fueron cercanos a la monarquía, en la mayoría de casos por el respeto que los españoles prodigaron a la propiedad de sus tierras comunitarias sin darlas en propiedad a encomenderos u otra clase de propietarios. El temor a perder este beneficio con la nueva república los empujó a hechos como el que se relata.
DECRETO DICTATORIAL
El ciudadano Agustín Gamarra
Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionales y Presidente Provisorio de la República...
1º Que el departamento de Ayacucho no puede ser bien regido por ser demasiado extenso.
2º Que es necesario dividirlo para que la explotación de los minerales de azogue de la provincia de Huancavelica, reciban inmediatamente el impulso que sólo es capaz de darle una autoridad superior que se establezca allí.
3º Que los minerales de plata de la provincia de Castrovirreyna y la agricultura de Tayacaja se fomentarán y progresarán con la erección de un Departamento compuesto de las tres provincias mencionadas y la Nación adquirirá un nuevo manantial de riquezas:
DECRETO:
Art. único: Las provincias de Castrovirreyna, Tayacaja y Huancavelica, formarán un departamento, cuya capital será la villa de su nombre.
El Ministro General queda encargado de la ejecución de este decreto y de mandarlo imprimir y circular.
Dado en Ayacucho a 28 de abril de 1839.
AGUSTÍN GAMARRA .- Por orden S.E. y autorización del Ministro General.- Manuel del Río.
(Carrasco T.2003.p277)
“HA SIDO UNA MASACRE"
(São Paulo) - El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, señaló Human Rights Watch en un informe publicado este 26 de abril de 2023. Los abusos se produjeron en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente.
El informe de 117 páginas, “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú. Aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas.
“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, señaló César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Hubo graves actos de violencia por parte de manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”.
La evidencia recogida por Human Rights Watch establece que al menos 39 personas murieron por heridas de bala. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía. Un agente de policía murió en circunstancias poco claras. Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno.
El Perú ha experimentado una erosión del Estado de derecho y de las instituciones democráticas en los últimos años, en parte debido a la corrupción generalizada y a un Congreso dominado por intereses personales y empeñado en eliminar los controles a su poder. El entonces presidente Pedro Castillo, que estaba siendo investigado por corrupción, desencadenó la actual crisis el 7 de diciembre de 2022, al intentar disolver el Congreso e intervenir el poder judicial, en lo que supuso un golpe de Estado fallido. El Congreso destituyó a Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, como lo establece la Constitución del Perú.
Miles de personas salieron a las calles—principalmente trabajadores rurales e indígenas del sur del país—pidiendo elecciones anticipadas, entre otras reivindicaciones. Manifestantes dijeron a Human Rights Watch que también los motivaban la frustración por no poder garantizar una mejor vida a sus hijos, la falta de acceso a educación y servicios de salud de calidad, y el sentirse olvidados por los líderes políticos.
Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, hubo graves hechos de violencia. Los bloqueos de carretera realizados por manifestantes contribuyeron a la muerte de 11 personas que no pudieron llegar a hospitales o que sufrieron accidentes de tráfico, según la Defensoría del Pueblo.
En al menos 39 de las 49 muertes de manifestantes o transeúntes que fueron registradas por la Defensoría del Pueblo, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos revisados por Human Rights Watch. En otro caso, un registro médico indicaba que la causa “probablemente” era una herida de bala.
Testimonios de testigos, corroborados por horas de video verificadas por Human Rights Watch, muestran que las fuerzas de seguridad estaban equipadas con armas de fuego que utilizaron contra los manifestantes en algunas ciudades fuera de Lima. Todos los tipos de bala identificados como causa de muerte en los informes de balística y las autopsias pueden dispararse con los fusiles de asalto y las pistolas con los que se vio a las fuerzas de seguridad. La policía no incautó ningún arma de fuego, casera o no, en manos de manifestantes. Human Rights Watch tampoco encontró imágenes de manifestantes con armas de fuego en la mano.
Otras cinco personas murieron por heridas causadas por perdigones disparados con escopetas y es probable que un manifestante haya muerto por el golpe de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia, según documentos y videos verificados por Human Rights Watch. Human Rights Watch no pudo determinar la causa de muerte en los 3 casos restantes, de las 49 muertes.
Lo más probable es que estas muertes sean ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable.
oportunamente sus armas para someterlas a análisis balísticos. En otros casos, los fiscales no solicitaron grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares en los que las personas resultaron heridas o muertas. En dos casos, no dispusieron que se realizaran las autopsias antes de los entierros.
En enero de 2023, la fiscal de la Nación abrió una investigación preliminar contra la presidenta Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otros funcionarios actuales y anteriores del gobierno, por delitos que incluyen homicidio y lesiones graves ocurridos durante las protestas.
Ya a mediados de diciembre de 2022 aparecieron pruebas de que la policía y miembros de las Fuerzas Armadas estaban haciendo un uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, las autoridades gubernamentales se mostraron indiferentes ante los abusos, negando a menudo que hubieran ocurrido, afirmando sin pruebas que las muertes se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, al tiempo que menospreciaban y estigmatizaban repetidamente a los manifestantes, insinuando que eran “terroristas”.
La retórica del Gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles que tienen a su cargo a las fuerzas de seguridad ante las sólidas pruebas de los abusos, plantea interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad en los abusos, señaló Human Rights Watch. A principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación por los abusos cometidos contra manifestantes, transeúntes o periodistas, y ningún agente de policía había sido sancionado o apartado del servicio.
Entretanto, algunos sectores del Congreso están actuando para eliminar los controles a su poder, incluyendo intentos para debilitar la independencia de las autoridades electorales y la Defensoría del Pueblo. También surgieron nuevas acusaciones de corrupción contra la presidenta Boluarte, y decenas de miembros del Congreso están siendo investigados.
El gobierno del Perú debería invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, otorgándole acceso a información gubernamental y a los expedientes de los casos de abusos para respaldar las investigaciones penales en curso y documentar la crisis actual y las violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch. También debe adoptar medidas concretas para recuperar la confianza pública y allanar el camino para el diálogo con los manifestantes y las comunidades afectadas, así como trabajar con el Congreso para asegurar una reforma de la policía, necesaria desde hace mucho tiempo, para convertirla en una fuerza más eficiente y respetuosa de la ley.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas y no dispersarlas, aunque las considere ilegales. La policía y las Fuerzas Armadas deben usar la fuerza sólo si es inevitable y, dado el caso, deben usarla con moderación y proporcionalmente a las circunstancias. El uso letal intencionado de armas de fuego sólo debe emplearse cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.
En general, los gobiernos extranjeros no se han pronunciado ni han tomado medidas de una manera coherente para defender la democracia y los derechos humanos durante la crisis. Durante meses, Estados Unidos y Canadá no condenaron las muertes y otros abusos graves. Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras y México defendieron a Castillo. Pocos gobiernos parecen haber prestado atención a las nuevas amenazas a las instituciones democráticas procedentes del Congreso.
“Muchos países se han pronunciado sólo de forma selectiva sobre la crisis en el Perú, en lugar de reconocer que la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en el país va de la mano de la protección de los derechos humanos”, afirmó Muñoz. “La comunidad internacional debe ser mucho más firme y coherente a la hora de denunciar las violaciones de derechos humanos y las amenazas a las instituciones democráticas en el Perú, presionar para que haya rendición de cuentas y ayudar a crear las condiciones necesarias para un diálogo nacional genuino que tenga en cuenta las legítimas preocupaciones de los peruanos”.
martes, 25 de abril de 2023
VOLVEREMOS y seremos más
VOLVEREMOS y seremos más.
Tu periódico Prensa Regional, se renueva. Desde este fin de mes, Prensa Regional, vuelve con con más fuerza... Con nuevos aliados en Huancavelica y en Junín que le permitirán fortalecerse y crecer en beneficio de nuestros lectores y auspiciadores.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)